Estrictamente personal
Raymundo Rivapalacio

¡Al diablo la democracia!

La celebración del primer año del 2 de julio tendría que levantar una rebelión contra partidos y legisladores, por la forma como engañaron al país en este año.
Ya es 2 de julio. Unos celebran la victoria en la elección presidencial y otros conmemoran quehace un año les arrebataron la Presidencia mediante un fraude. Los medios están saturados con efemérides, recuentos y destinos de los protagonistas como forma de subrayar que este día, pero de 2006, fue realmente importante en la vida de todos. El maniqueísmo de la cultura política mexicana sólo tiene espacios para la fiesta o el duelo, aunque más bien deberíamos de estar profundamente indignados mucho más allá de los resultados, porque en estos 12 meses se mandó al diablo la democracia.
Gracias hay que dar a los políticos por habernos visto, una vez más, la cara de estúpidos. Gracias también a nosotros, fieles corderos, por dejarnos. Lampedusa se bañó cómodamente en nuestra sociedad de mantequilla. Los actores políticos boxearon rounds de sombra con el único objetivo que se acomodaran las cosas sin que el forcejeo afectara sus intereses. A un año de que el sistema electoral alcanzara su Principio de Peter, en condiciones y consenso para hacerle su primera gran cirugía después de no haber pasado por reforma significativa alguna en una década y resolver los problemas de segunda generación democrática, los políticos decidieron regresar a su cinismo para exigir el cambio, y no cambiar.
El momento se perdió, pero los partidos, con su extensión en las cámaras, mantuvieron sus privilegios. Perfecto. ¿Qué nos llevó a tanto descontento generalizado por el proceso electoral? Uno de los pocos puntos en donde todos están de acuerdo, es que la elección estuvo muy manchada por el activismo del ex presidente Vicente Fox. La forma como combatió cuerpo a cuerpo a Andrés Manuel López Obrador no se significó por su retórica, sino sobre todo por el gasto propagandístico del gobierno.
En el primer trimestre del año pasado, periodo crítico para persuadir al electorado volátil de los votos para ganar, el gobierno foxista elevó en más de 130% el gasto en promocionales de televisión con relación al mismo periodo del año anterior. Esto significa, en una operación simple de sumas y restas, que usó impuestos de 70% de los contribuyentes que votaron en contra del candidato de su partido, para apoyar a éste. Dinero público con fines electorales, que todos los opositores exigieron al IFE que lo detuviera, sin que lo pudiera hacer, porque no existía una ley que le permitiera al órgano electoral callar al presidente y ordenarle retirar su publicidad. Fox lo hizo al final, pero porque así lo quiso, no porque lo obligaran a hacerlo.
En todo este año los legisladores no han tocado ese punto. Si el presidente Felipe Calderón o cualquier gobernante quieren hacer lo mismo que Fox en la próxima campaña presidencial, podrán hacerlo. El IFE tuvo que crear mecanismos reglamentarios y administrativos para llenar los vacíos legales e inventarse cosas como “la tregua navideña”, y exhortos que si bien tuvieron impacto positivo, no resolvieron el problema de la legitimidad en la elección. Hubo también un “acuerdo de neutralidad”, un acto voluntario para suspender la difusión de obra pública y programas sociales 40 días antes de la elección, que violaron dos gobernadores sin que recibieran mayor castigo que un extrañamiento público, del cual nadie se acuerda.
Un proceso electoral auténticamente democrático se sustenta en dos pilares: legalidad y legitimidad. En 2006, nadie pudo documentar realmente que hubo ilegalidad. Pero nadie está en desacuerdo en que la falta de leyes en la materia generó una competencia sin balance, lo que condujo a un proceso que podría clasificarse como ilegítimo. Legalidad y legitimidad son la suma de la democracia. Legalidad sin legitimidad es propio de regímenes autoritarios; legitimidad sin legalidad son los gobiernos de facto.
¿Quién puede argumentar, objetivamente, que las elecciones de 2006 tuvieron una competencia balanceada y equitativa para todos? Fue un desastre en términos de equidad. Hubo un activismo insólito de la Iglesia católica a favor del PAN en algunos estados, pero no hubo forma de impedirlo. Hubo empresas como Coppel, en Sinaloa, que indujo al voto, igual que hizo el Consejo Coordinador Empresarial un mes antes de la elección —coincidentemente con la decisión unipersonal de Fox de callarse— en contra de López Obrador. Ambas violaron las leyes electorales, pero no hubo forma de sancionarlas, porque esa misma ley electoral no prevé ninguna sanción.
Vaya locura: el delincuente no paga su crimen porque se les olvidó incluir en la ley la sanción correspondiente. Los legisladores no han hecho nada por resolver este punto que contaminó la elección. Para qué. Quizás en la próxima elección, ellos sean quienes recurran al mismo procedimiento. Bajo esa misma sospecha, se podría argumentar, tampoco se metieron al problema de fondo que distorsiona la política electoral en México: el gasto en radio y televisión. Los partidos recibieron 2 mil 68 millones de pesos el año pasado para sus gastos de operación, de los cuales destinaron 64.3% a medios electrónicos. De ese subtotal, el 86% fue para la televisión, de la que todos se quejan, pero la que todos escogen como su mejor vehículo de comunicación.
Los medios electrónicos no tienen que rendir cuentas a nadie y aunque algunos hicieron acuerdos con el IFE para darle la información que solicitó sobre la materia, se las dieron parcial o no la entregaron. Muchos de los que no participaron en arreglo previo alguno ni siquiera respondieron las solicitudes de información que se les hicieron.
Mañosos, los partidos y sus legisladores han ido encontrando nuevas formas de opacidad, como en el caso de los 281 mil spots no facturados que denunció el IFE, en el que están dando señales de preferir que los sancionen por falta de documentación, y pagar multas que se miden en días de salarios mínimos, en lugar del castigo por rebasar el tope de financiamiento, que es de 40% de ese tope y, en función de la cantidad, 2% adicional de recargo.
Son las truculencias que se hicieron en este año, como una poco conocida dentro de la controvertida Ley de Radio y Televisión. La Suprema Corte dejó intacto un artículo donde los partidos ya no pagarán directamente a las televisoras por los spots, sino el IFE. Maravilloso. Los partidos contratan, como siempre lo han hecho, pero se quitan la carga de pagarles a las televisoras, cuyos adeudos siempre los hicieron sujetos a chantajes. La Corte selló el círculo: ni habrá deudores ni habrá acreedores, y además, los contribuyentes financiaremos sus componendas.
No hay duda. Este año es un año perdido para la democracia. Al enfriarse la calentura del 2 de julio, los partidos y sus legisladores volvieron al statu quo. No les ha ido mal. En el río revuelto acumularon un poder como nunca antes habían detentado. No tienen incentivo alguno para avanzar en la construcción democrática, sino al contrario. Como están, mejor. Al fin que los mexicanos somos ciegos, ignorantes y dóciles ante cualquiera de sus designios. Pero es tiempo que empecemos a demostrar a los políticos que están equivocados.

Tomado de El Universal