lunes, 30 de julio de 2007

Estrictamente personal
Raymundo Riva Palacio
Atentado en ciernes
La desaparición del jefe militar del EPR, y responsable del secuestro hace más de una década del empresario Ángel Losada, abre la posibilidad de nuevos atentados
La madrugada del jueves 19 de julio sonaron las alertas: a partir del día 20 habría que esperar un nuevo atentado del EPR. La información, de acuerdo con un alto funcionario federal, provenía de un informante en Oaxaca, tras lo que se instruyó a las áreas de seguridad y se comunicó a varios gobernadores para que se avisparan y reforzaran la vigilancia. En la misma semana, un ex jefe de estación de la CIA viajó a la ciudad de México para entrevistarse con algunos funcionarios relacionados con áreas de inteligencia y les comunicó que tenían información en Washington de que el EPR preparaba un atentado contra un funcionario, un político o un empresario. Entonces, vinieron una serie de comunicados guerrilleros y de organizaciones civiles afines, apuntalando las informaciones.
El 22 de julio, en un comunicado fechado en Acapulco, las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP) difundieron la segunda parte de un largo análisis sobre el trasfondo político actual de Aguas Blancas, y en la conclusión, señalaron: “Confróntense todos estos hechos y medidas, saquemos conclusiones y la pregunta ahora es ¿qué hacer? Estamos en eso; analizando, discutiendo para decidir lo que nadie quiere, pero la vorágine nos arrastra hacia allá…”. Este comunicado, al no tener la marca del EPR, pasó bastante inadvertido en la opinión pública, pese a lo puntual y grave del anuncio. Tres días después, el Ejército Popular Revolucionario emitió otro comunicado.
Fechado en el puerto de Veracruz donde, al reiterar la demanda para exigir la presentación de sus dos militantes Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, propuso la unión de los movimientos armados, “pese a nuestras diferencias políticas, ideológicas y formas de lucha”, para hacer frente a la guerra sucia que perciben ha reavivado el Estado mexicano. “Basta de que siga poniendo el pueblo en lucha la cuota de sangre, debemos impedir de una forma u otra que las cárceles se sigan llenando de presos políticos y de conciencia y de liberar a los ya existentes, ya no debe quedar sin castigo ningún asesinato político, ni una desaparición forzada más”.
Entre los dos comunicados, ese mismo 25 de julio por la mañana, comenzó a circular por internet una carta de siete páginas del Comité Cerezo, titulada “Una justa aclaración ante las verdades a medias y las mentiras y medias”, donde exponen su visión sobre una serie de análisis en la prensa tras los atentados del EPR del 5 y 10 de julio, en los cuales se menciona que los aparatos de inteligencia estaban suministrando información a varios periodistas —quien escribe esta columna incluido—, para vincular a los hermanos Cerezo con los dirigentes del Ejército Popular Revolucionario. En el texto, inteligente y ampliamente documentado, subrayan que “no somos parte de ningún bando en esta guerra” contra el EPR y se desvinculan de Tiburcio Cruz Sánchez y Florencia Elodia Canseco Ruiz, cuyos últimos nombres de guerra son Francisco Cerezo y Emiliana Contreras, padres de Emiliana, Héctor Francisco, Antonio y Alejandro Cerezo Contreras.
La carta es sofista pero tiene una parte de suma relevancia cuando ironiza sobre los lazos familiares que se les adjudican. Se trata de un párrafo en una información sobre el EPR publicada en el número 1602 de Proceso, bajo la firma de José Gil Olmos, en la cual van insertando, entre corchetes, con mayúsculas, minúsculas y en negritas, sus propios comentarios. El párrafo dice, con los añadidos de los Cerezo, lo siguiente:
“Entre los ubicados que se señaló localizar para su detención [como parte de grupos insurgentes en los años 70’s] se encontraron Tiburcio Cruz Sánchez, (a) “Milton Luna”, “El Doctorcito”, “Eleazar Campos Gómez”, “El Chaparro”, “Milton”, “Arturo”, “Melitón”, “El Gordo”, “Jacobo”, [PERSEGUIDO-padre de los hermanos Cerezo]. Gabriel Cruz Sánchez (a) “El Oso”, “El Gutenberg” y “Antonio Montaño Torres”, [DESAPARECIDO 25/may/07-tío de los hermanos Cerezo]. Florencia Elodia Canseco Ruiz (a) “Mayi”, “La Güera”, “Martha”, “Irene Elodia”, “Carmen Ruiz” y “Lidia González Luján”, [PERSEGUIDA-madre de los hermanos Cerezo] […] Felipe Edgar Canseco Ruiz (a) “El Pollo” o “El Canseco”, [EXTORTURADO Y EXPRESO POLÍTICO 1990-tío de los hermanos Cerezo] […], Constantino Canseco Ruiz. [DESCONOCIDO] […] Enrique Canseco Ruiz, [EXTORTURADO Y EXPRESO POLÍTICO 77/09/18-tío de los hermanos Cerezo]”.
Aunque no se puede afirmar científicamente que esa carta contiene un lenguaje cifrado para las guerrillas, coincide en su fondo con una serie de mensajes, a través de comunicados, que se vinieron dando en las últimas semanas las células del Ejército Popular Revolucionario en el país. En esta carta el mensaje es el contraste. El destino de todas las personas señaladas por los hermanos Cerezo entre corchetes es conocido: están en la clandestinidad, presos o desaparecidos, salvo uno, Constantino Canseco Ruiz, cuyo paradero es señalado como “desconocido”. Canseco Ruiz, hermano de Florencia Elodia y cuñado de Tiburcio Cruz Sánchez, es el jefe militar del Ejército Popular Revolucionario, el número 2 en la organización y responsable del secuestro hace más de una década del empresario Ángel Losada. Desde hace más de dos meses, también está desaparecido.
Tras las desapariciones forzadas de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, el EPR comenzó a enviar mensajes preguntando sobre Constantino Alejandro. Pero no fue sino hasta la carta de los hermanos Cerezo cuando se le identificó como “desaparecido”. Por la serie de comunicados guerrilleros en los casi dos últimos meses, se está sintiendo el relanzamiento de una guerra sucia como no la habían apreciado desde la primera parte de los 80, y hay razones para presumir que, en efecto, una fuerza muy poderosa está golpeando al corazón del EPR y amenazando a los hijos de sus dirigentes.
Información que circula en la Secretaría de la Defensa apunta a que la desaparición de Cruz Sánchez y Reyes Amaya fue hecha por militares, y que fueron enviados al Campo Militar Número 1. No obstante, el Ejército ha negado reiteradamente responsabilidad alguna en ese caso y en las reuniones del gabinete de seguridad nacional, el secretario de la Defensa, general Guillermo Galván, ha respondido al presidente Felipe Calderón y al resto de los integrantes de ese grupo que pueden ir a revisar todas las instalaciones militares y verificar que ahí no los tienen. La presión al Ejército ha sido fuerte, interna y externa, lo que ha llevado a algunos sectores castrenses a preguntarse si, en contrasentido, esa fuerza poderosa no pudiera emanar de otras fuentes, conocedoras bien de los aparatos políticos y los sistemas de inteligencia. El propósito sería, golpeando al EPR, provocar la unión de los movimientos armados en un enfrentamiento contra el gobierno. Un proceso de desestabilización sería el propósito para que grupos antigobiernistas que se manejan bajo la máscara de civilidad, resultaran ganadores al final de este peligroso camino. Tomado de El Universal

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