lunes, 23 de julio de 2007

Estrictamente personal
Raymundo Riva Palacio

El sendero chino

Pasados los juegos pirotécnicos, el caso de Zhenli Ye Gon empezará a mostrar todoun posible entramado de corrupción que abarca dos presidencias panistas
Para que Zhenli Ye Gon, el empresario mexicano de origen chino, hubiera podido introducir el acetato de seudoefedrina para producir metanfetaminas —modificando un solo gramo de oxígeno su fórmula química— tendría que haber contado con una enorme ayuda del gobierno federal.
Al arribar sus cargamentos a puertos mexicanos, el primer contacto era con Aduanas, que cuando revisara la documentación y viera que se trataba de un producto muy vigilado en el mundo, lo tendría que haber pasado a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), cuyo director, antes de liberar la carga, estaba obligado a seguir un estricto protocolo de seguridad.
Primero, notificar a la dirección ejecutiva de la Cofepris, que a su vez debió turnar la documentación a una comisión de fiscalización y seguimiento de la misma dependencia, que tendría que haber informado a la PGR para que la Subsecretaría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y el Centro Nacional de Análisis, Planeación e Información, revisaran la carga y corroboraran en la importadora de destino que la seudoefedrina tendría el uso notificado en los pedimentos. Después de ello volverían a la importadora para verificar si, en efecto, usaron ese producto para los fines prometidos.
Es decir, si el señor Ye Gon introdujo la seudoefedrina para producir metanfetaminas para el cártel del Milenio de los hermanos Valencia —que están integrados a la federación que encabeza el cártel de Sinaloa— como lo acusa la PGR, tendrían que haber participado muchos funcionarios federales de primer nivel, y tendrían responsabilidad directa los ex secretarios de Hacienda y de Salud, y el entonces procurador general de la República. Ya no sería entonces un negocio de los cárteles de la droga, y se podría argumentar, dada la profunda participación del gobierno de Vicente Fox, que se trataba de un abanico de corrupción dentro de su administración tan profundo, que lo extraño es que pasara inadvertido por tantos.
Este escenario podría no resistir una prueba de ácido por el volumen de probables funcionarios involucrados. Sin embargo, proporciona la llave de la puerta tras la cual se pueden encontrar explicaciones. El secretario de la Función Pública, Germán Martínez, reveló el miércoles cómo van caminando las averiguaciones. Una es sobre la Cofepris: la ruta de la seudoefedrina tiene que atravesar tantas instancias, que la corrupción en cada uno de esos procedimientos, aunque posible, es improbable. Pero hay una ventanilla en la que la manipulación de los pedimentos puede lograr engañar al resto de las dependencias que participan en el monitoreo y la fiscalización del producto. Es la Administración de Aduanas, que, indicó Martínez, también está siendo investigada.
Una de las figuras clave es Luis Roberto Patrón Arregui, quien durante el sexenio pasado era el administrador de la aduana en Manzanillo. Casado con Norma Coppel, cuya familia de empresarios en Sinaloa apoyó abiertamente la campaña presidencial de Felipe Calderón, fue designado por el nuevo Presidente como el relevo de José Guzmán Montalvo en la Administración de Aduanas. Patrón Arregui, recomendado al Presidente por el mismo Guzmán Montalvo, no perdió el tiempo y ratificó a toda la estructura aduanera de su antecesor. Pero duró 21 días en el cargo porque el Senado, aduciendo corrupción y relaciones con la familia de la ex primera dama Marta Sahagún, lo vetó para el cargo. El presidente Calderón lo enrocó con Juan José Bravo, responsable de Innovación y Calidad del Sistema de Administración Tributaria. Bravo volvió a ratificar a todos los funcionarios en sus puestos y Patrón Arregui es un funcionario en funciones.
Es incomprensible que el presidente Calderón lo mantenga todavía en el cargo, pues Patrón Arregui es el único alto funcionario de su gobierno que está indiciado en el caso de Ye Gon. Las averiguaciones ministeriales lo señalan como cómplice del empresario de origen chino, por apoyarlo en la aduana de Manzanillo, principal puerto de entrada de la seudoefedrina a México, facilitándole los trámites. De acuerdo con la investigación de la PGR, Patrón Arregui agilizó la importación del producto que entró a México con documentación falsa en diciembre de 2005 y enero de 2006, que fue el inicio de la investigación que conduciría a Ye Gon. Es decir, la protección gubernamental es sobre un indiciado de su gobierno por delitos relacionados con el narcotráfico.
Patrón Arregui, sin embargo, no es el único investigado por la PGR dentro del sector aduanero. Otra investigación recae en el ex director de Aduanas Guzmán Montalvo y su subalterno, Joaquín Arenal, por sospecha de haber participado en la falsificación de la documentación en Manzanillo. Guzmán Montalvo es otra pieza clave para entender qué es lo que sucedió. Si no hubo una conspiración del Estado mexicano, ¿quién tenía poder para saltar sobre tres miembros del gabinete y salir impune? ¿Quién para proteger durante más de un año a Patrón Arregui y lograr que sus jefes lo respaldaran? No son muchos, pero esos pocos están apuntando hacia el Bajío.
A petición de Ye Gon, Montalvo presuntamente autorizó a Humberto López, despachador de aduanas en Nuevo León, manejar el primer pedimento de seudoefedrina que prendió los focos amarillos en la PGR. López es hermano de Juan Carlos, muy cercano a Guzmán Montalvo, y que desde su cargo de administrador del segundo reconocimiento, promovió que esa oficina fiscalizadora se entregara en concesión a una empresa francesa relacionada con Manuel Bribiesca Sahagún, hijo de la ex primera dama. Bribiesca Sahagún presionó permanentemente a Guzmán Montalvo por favores y privilegios en Aduanas, y éste siempre cedió. El hijo de la esposa del ex presidente Fox tejió un sofisticado esquema que no ha dejado rastros para comprobar probables actos de corrupción y tráfico de influencia en el sector, pero el caso de Ye Gon parece abrir, por primera vez, una puerta sólida.
Las nuevas pistas de la investigación van de Manzanillo a Colombia, Nuevo León, y regresan al centro del país. La PGR encontró una cuenta a nombre de Alberto Alarcón en el banco Sabadell, con sede en España, cuya filial mexicana es el banco del Bajío. Este Alarcón no sólo tenía relación con Ye Gon, sino que presuntamente está vinculado con el cártel de Sinaloa. La PGR ha venido armando muy lentamente el rompecabezas de Ye Gon, y acumulando evidencia sobre sus vínculos con el narcotráfico. Junto con ello, nuevas figuras políticas están apareciendo, generando nuevos nerviosismos y perfilando un pozo de ilícitos que, de llegar a corroborarse, las imputaciones fantásticas que ha realizado Ye Gon hasta ahora se convertirán en el canapé de un sendero de corrupción que podría tocar la más altas puertas del poder en el gobierno foxista. Tomado de El Universal

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