miércoles, 24 de octubre de 2007

Estrictamente personal
Raymundo Riva Palacio

Un plan con migajas

La tan esperada asistencia militar de EU a México para el combate contra el narcotráfico resultó un chasco: Washington sólo aportó 30% de lo deseado por el gobierno de Calderón

Los cárteles mexicanos de la droga dominan el narcotráfico en Estados Unidos. Las metanfetaminas que salen de la costa del Pacífico controladas por el cártel de Sinaloa tienen en el éxtasis a miles de empacadores de carne en el midwest estadounidense. El cártel del Golfo opera en seis estados de la Unión Americana. Y Los Zetas, su brazo armado, están apoderándose de todo el sector texano de la Interestatal 35, la lucrativa carretera del Tratado de Libre Comercio que arranca en Laredo y parte por la mitad a aquella nación hasta llegar a Canadá. Narcotraficantes mexicanos han realizado ejecuciones dentro de aquel país, amenazado a jueces y policías federales, y utilizado su sistema financiero para lavar dinero. Pero aunque son un dolor de cabeza para las autoridades estadounidenses, ¿de qué tamaño será su desconfianza con el gobierno mexicano para que el presidente George W. Bush dejara en sólo 30% de lo deseado por el presidente Felipe Calderón la asistencia militar para cooperar con México en la guerra contra el narco?
Bush y su gobierno, tan preocupados por la penetración del narcotráfico a su país, parecen mucho más interesados en saber el grado de compromiso del presidente Calderón para enfrentar al narcotráfico que en proteger a sus propios ciudadanos de las drogas. Bush envió al Congreso este lunes un nuevo requerimiento de recursos para sus guerras en el mundo. Para el año fiscal 2008, que comenzó en octubre, solicitó una extensión presupuestal de 46 mil millones. De ese total, 500 millones irían a México para el combate al narco, que son 262 millones menos de lo que pidió por costos adicionales de combustible para sus tropas en Irak, 224 millones menos del apoyo a la misión de paz de las Naciones Unidas en Darfur, y 4 millones menos de los que solicitó para el tratamiento de sus soldados heridos en combate.
El presidente Calderón deseaba originalmente mil 500 millones de dólares, pero la desarticulación dentro de su gobierno impidió una posición común frente a los negociadores estadounidenses, lo que produjo más desconfianza e hizo que se recortara aún más la ayuda. Aunque se anunció que los 500 millones son parte de una partida de mil 400 millones que serán entregados durante dos años, para efectos reales, eso no es correcto. Todo el paquete de ayuda adicional que envió Bush al Congreso será revisado y evaluado en sus méritos por el Congreso, al ponerle ambos al gobierno de Calderón una especie de prueba de compromiso y eficiencia en la lucha contra el narco.
Como resultado de esa desarticulación, una de las dependencias afectadas en este primer tramo de la asistencia militar fue la Secretaría de la Defensa, cuya petición de un avión Citation para monitorear los vuelos clandestinos sobre territorio mexicano fue denegada, entre otras razones, porque omitió solicitar radares, que son instrumentos indispensables para que puedan operar esos aviones. El gobierno mexicano se quedó como ahora. Si quiere información de vuelos clandestinos sobre su territorio, seguirá dependiendo de la inteligencia que les proporcionen los estadounidenses, que tienen vigilado el espacio aéreo desde Panamá. Como consolación, dentro del paquete se incluyeron monitores de alta velocidad que serán instalados en aviones de la Fuerza Aérea. El Ejército, empero, logró que se incluyeran ocho helicópteros ARH70, que son de reconocimiento y combate, con armas letales y visión nocturna, cuatro helicópteros Bell Huey II de segunda generación, artillados y para transporte de personal, con capacidad para 11 personas además del piloto, y uno adicional para entrenamiento.
A su vez, la Secretaría de Seguridad Pública recibió los polígrafos que quería el secretario Genaro García Luna para sus policías y, más importante, scanners para la detección de armas, drogas y explosivos. Esos scanners son arcos sofisticados por donde pasan vehículos, que serán instalados en la frontera con Estados Unidos y tienen una función dual: del sur a norte revisarán que los vehículos que atraviesan por los puertos fronterizos no transporten drogas, y de norte a sur monitorearán el contrabando de armas. Pero quien se llevó la joya de la corona del paquete fue la PGR, que recibirá el equipo de software (con un valor de 70 millones de dólares) que permitirá integrar toda la información a nivel nacional sobre la delincuencia organizada y procesará los nuevos equipos de intercepción telefónica. Este software era ansiado por la Defensa y Seguridad Pública, pero se quedó en la dependencia donde presuntamente se encuentra el funcionario en quien más confían los estadounidenses, el procurador Eduardo Medina Mora.
El paquete de ayuda militar es bastante menos de lo que se esperaba en México en varios sentidos. Por ejemplo, al hacer la extensión presupuestal para sus guerras, Bush dijo que se trataba de “requerimientos”. La semántica es fundamental. Si Bush hubiera señalado grants (donaciones), significaría que habría un acuerdo entre gobiernos, pero al hablar de “requerimientos” significa que los equipos solicitados por México serán proporcionados por empresas y contratistas privados. Entre las empresas que se apuntaron para aportar la asistencia a México se encuentran Halliburton —en tecnología como scanners y monitores—, y la controvertida Blackwater —que será la que dé los cursos de capacitación y entrenamiento a los pilotos que operen los helicópteros—. Esto significa que aunque no vendrán tropas de Estados Unidos a México, sí habrá asesores militares estadounidenses en territorio mexicano.
En el gobierno mexicano han tratado de verle la buena cara al paquete, aunque en realidad enfrentan una empinada cuesta que subir. La primera será la del Congreso, donde habrá que esperar sus deliberaciones para saber qué es lo que pedirán al gobierno de Calderón a cambio del voto positivo. Luego vendrá la polémica en México al llegar algunos de los contratistas más controvertidos en Estados Unidos. Finalmente, los resultados que tiene que dar el gobierno de Felipe Calderón a Washington para demostrar que es apto para el resto del paquete de asistencia militar. El presidente Bush no puso condicionantes para la ayuda militar. Pero no hay nada que celebrar. Las condicionalidades —qué se exigirá a cambio del dinero— serán impuestas por el Congreso. Si México no acepta la condicionalidad que venga del Capitolio, Bush no se verá presionado y la responsabilidad recaerá en el Congreso. Pero si la acepta y no la cumple, entonces Bush no presentará el próximo año al Congreso los 900 millones de dólares adicionales a los que se comprometió con Calderón. Es decir, o el gobierno calderonista se porta bien y cumple con los objetivos exigidos en los términos de eficiencia que buscan Bush y el Congreso, o no les darán el resto del dinero. Perfecto. Les han entregado migajas —para lo que esperaban—, y además los ponen a prueba. No es lo que seguramente quería este gobierno, pero a eso se expuso al volcarse a Washing-ton para que lo ayudaran en la lucha contra el narcotráfico. Tomado de El Universal.

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