lunes, 21 de enero de 2008

Expedientes abiertos
Roberto Rock

Los enigmas de Mouriño


Hay más inquietud que entusiasmo por el nuevo secretario de Gobernación, cuyas credenciales tienen poco que ver con un mejor gobierno, ya no digamos con una mejor democracia
El mismo día en que Juan Camilo Mouriño arribó a su oficina en Bucareli como nuevo secretario de Gobernación, en Los Pinos se tomó nota de la determinación presidencial para desmontar la llamada Oficina de la Presidencia de la República, la cual le había sido diseñada a la medida para ofrecerle una plataforma que ya no le será necesaria.
Esa oficina desaparecerá o tendrá sólo una presencia simbólica. Quienes imaginaban que ahí despacharía un nuevo José Córdoba Montoya o un gobierno en la sombra, no conocen a Felipe Calderón.
Este solo movimiento valida la pregunta que surgió en todas partes desde el primer momento: ¿Mouriño mismo es tan relevante para el presidente Calderón, su hombre para el futuro, o es sólo una pieza cómoda, funcional, que le permite afianzar el control sobre el gobierno, que debió empezar pagando facturas y colocado contra la pared? ¿Qué fantasma pasea hoy sobre el régimen, el del hombre fuerte; el de un nuevo Santiago Creel, anulado por pensar en su propio destino, o el del Esteban Moctezuma zedillista, a fin de cuentas ineficaz por sus propias limitaciones y porque nunca tuvo en realidad el apoyo pleno de su jefe?
Los enigmas en torno a lo que representará para el gobierno y para el país la presencia de Mouriño Terrazo en Gobernación se expresarán en momentos mucho más cercanos que el 2012 o el 2009, con las elecciones intermedias que tan razonablemente deben preocupar al panismo. Incluso, marcarán las tareas del flamante secretario en las negociaciones que le encomendó el propio Felipe Calderón para negociar reformas como la energética y la laboral.
Si algo recomendaba tradicionalmente que el titular de Gobernación fuera un abogado era que tras él debía hallarse la majestad de la ley. Pero el economista Mouriño parece ofrecer un flanco sumamente débil sobre la propia legalidad de su encargo. Esto es, si realmente cubre el requisito constitucional de ser mexicano por nacimiento para no ser considerado un secretario ilegal. Ya hubo quien se encargó de distribuir, como tarjetas de Navidad, el certificado de nacionalidad que le fue extendido en octubre de 1989 por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Pero existe una pequeña montaña de dudas fundamentadas que en cualquier momento de tensión estallarán. Mañana o dentro de cinco años, en plena campaña presidencial, puede usted estar seguro.
En tales condiciones, ¿podrá Mouriño desempeñar su trabajo eficazmente?
Un frente inmediato lo representará el papel que le corresponde al secretario de Gobernación como jefe de gabinete, dentro y fuera del equipo.
Es sabido que el poder de Mouriño se fue construyendo sobre los huesos de algunos de sus colegas en el gobierno, como la secretaria de Educación, Josefina Vázquez Mota, o reduciendo a cenizas a otros, y que lo diga Francisco Ramírez Acuña, quien nunca supo qué se sentía ejercer el cargo. ¿Restablecerá la concordia o alentará nuevos sacrificios?
Otro tema por el que debe velar formalmente la Secretaría de Gobernación es el de la vigencia de libertades, como la de expresión. Durante los últimos meses se ha notado un endurecimiento del gobierno ante la crítica. Ello se manifiesta en el cierre de espacios para periodistas independientes, en el boicot publicitario contra publicaciones críticas, e incluso manteniendo en el limbo el nuevo estatus jurídico de la agencia de noticias Notimex, lo que no ha obstado para que desde Gobernación se le siga manipulando y censurando, como ocurre desde que fue creada. ¿Buscará apuntalar Mouriño, como se teme, una regresión de carácter autoritario?
Una encomienda expresa del presidente Calderón al nuevo huésped del Palacio de Covián es negociar la reforma energética, que tantas ambiciones despierta entre consorcios nacionales y extranjeros interesados en repartirse al cada vez más debilitado Petróleos Mexicanos. De su director, Jesús Reyes Heroles, se asegura que ha renunciado en tres ocasiones, desesperado por la falta de apoyo. Líderes sindicales de Pemex confiaron a este espacio que a finales del año pasado un “alto personaje” de Los Pinos les confirmó que la salida de Reyes Heroles ocurriría en las primeras semanas de este 2008. ¿Quién habrá sido el intrigoso que reveló semejante secreto?
Será difícil que en sus negociaciones sobre el tema, Mouriño se pueda desligar de la imagen de pertenecer a una familia con notables intereses en el asunto. Es pública la creciente dimensión del grupo empresarial que conduce su padre, que le permite tener negocios con Pemex en Campeche y en otras regiones del país, especialmente en la península de Yucatán, donde compite con otra familia famosa, los Loret de Mola, también dueños de una cadena de gasolineras y concesionarios de sistemas de transportes de energéticos. ¿Podrá Mouriño deslindarse de esos señalamientos y ser un árbitro imparcial entre las partes en el complejísimo tema energético? Suficientes enigmas para un primer día en la oficina.
Apuntes
n EL PRONUNCIAMIENTO de una agrupación empresarial representará hoy un llamado a que el gobierno se defina sobre qué futuro ofrece en materia de telecomunicaciones. Se trata de un desplegado que firma la Cámara Nacional de la Industria de las Telecomunicaciones por Cable (Canitec), una especie de pequeño David que busca frenar los apetitos de ese Goliat que es Carlos Slim y su Telmex-Telcel. De acuerdo con la Canitec, Slim busca presionar al gobierno para que a sus actuales privilegios se les sume el acceso al negocio de la televisión. Así le permite ya la tecnología, pero el título de concesión con el que hace 18 años se privatizó la telefonía prohíbe expresamente a Telmex incursionar en ese campo. Ello da al gobierno de Calderón, por conducto de su secretario de Comunicaciones, Luis Téllez, una carta de negociación que puede ser aprovechada para imponer en México mejores condiciones para la competitividad o, caso contrario, ceder a las presiones y entregar al señor Slim lo que desea. Sería deseable que en este panorama se exprese ya la voz de terceros interesados, como el público usuario y otros sectores afectados por la falta de competitividad, para que todos tengamos acceso a un tema que no debe ser resuelto en la soledad de un despacho gubernamental. n CON EL ARRANQUE de actividades del Congreso estadounidense quedará claro que no soplan buenos vientos para la autorización del paquete especial de 500 millones de dólares destinados al combate al narcotráfico en nuestro país. La diplomacia mexicana hace su trabajo, pero es muy probable que el tema ni siquiera sea abordado en el Capitolio antes de mayo o junio próximos, con riesgo de que quede en el limbo hasta después de las elecciones de noviembre, con la consiguiente dosis de incertidumbre para México.n EN LA PASADA entrega informé de las vicisitudes que enfrenta la idea de un viaje del presidente Felipe Calderón por territorio norteamericano. Hoy comento que los estrategas del mandatario han determinado esperar a que pase la fecha climática del 5 de febrero, el famoso “supermartes”, cuando las elecciones primarias de los partidos estadounidenses usualmente permiten definir quiénes serán los candidatos de cada partido. Ahí se definirá qué hacer sobre esta eventual visita, que no busca tener mensaje electoral. El problema es que el proceso allá está tan complicado que acaso nada quede claro en esa fecha.n CUANDO ALGUNOS suponen que la reforma constitucional en materia de transparencia permitirá arraigar esta cultura, empiezan a multiplicarse señales de regresión. Corre ya el plazo de un año para que todas las leyes del país en la materia sean ajustadas a la enmienda constitucional, pero son muchos los que han comenzado a hacer trampa. En Quintana Roo, por ejemplo, donde gobierna Félix González Canto y donde la vida política sigue ampliamente dominada por el PRI, este partido ha propuesto una iniciativa de reformas que, entre otras cosas, prevé el establecimiento de un “consejo ciudadano” electo por el Congreso, para que supervise las tareas de los comisionados en materia de acceso a la información. Estas irregularidades empiezan a ser una plaga en el país, donde los órganos en la materia se hallan sometidos al acoso de los gobernadores.

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