Aprueba Senado en lo general y

lo particular la Reforma Judicial

* Tras modificarla es turnada a la Cámara de Diputados

* Elimina párrafo que autorizaba a MP acceder a información reservada

El Senado de la República aprobó con modificaciones, en lo general y en lo particular, las reformas en materia de Seguridad Pública y de Justicia Penal.

La también denominada Reforma Judicial quedó pendiente hasta el próximo periodo de sesiones, que inicia en febrero próximo, pues la turnó a la Cámara de Diputados que este jueves clausuró sus trabajos del actual periodo.

Así, el pleno senatorial aprobó en lo general este jueves, con 80 votos a favor, 27 en contra y cuatro abstenciones, la reforma judicial, y posteriormente en la madrugada del viernes avaló en lo particular, con dos cambios, la minuta enviada por la Cámara de Diputados.

Los senadores eliminaron el párrafo décimo del Artículo 16, que autorizaba al Ministerio Público tener acceso a información bancaria, fiscal, financiera, bursátil, electoral y fiduciaria relacionada con delitos de la delincuencia organizada.

La propuesta fue presentada por el presidente de la Comisión de Gobernación, Jesús Murillo Karam, quien indicó que dicho párrafo, que fue reformado antes en comisiones, había provocado polémica en todas las bancadas.

De igual forma fue modificado el párrafo 12 del mismo artículo que señalaba que "la Policía podrá ingresar sin orden judicial a un domicilio cuando exista información o conocimiento de una amenaza actual o inminente a la vida o a la integridad física".

Al párrafo se le eliminó la redacción "cuando exista información o conocimiento", pues senadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) señalaron que "por una simple información" no puede hacerse un cateo sin orden judicial.

La Reforma Judicial fue aprobada con los sufragios a favor de los senadores de los partidos Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista de México (PVEM) y PRI, mientras que las bancadas del PRD, Convergencia y el Partido del Trabajo (PT) sufragaron en contra.

También se crea un sistema acusatorio oral para fomentar la transparencia, además de garantizar una relación entre el juez y las partes para que los procedimientos penales sean más ágiles.

La reforma de Seguridad Pública y de Justicia pretende establecer el marco constitucional y legal que reestructure el sistema de impartición de justicia en materia penal, y pone en marcha una política de combate a la delincuencia organizada.

Las reformas constitucionales proponen un régimen especial que regirá los procesos penales de integrantes de la delincuencia organizada, y se determina la facultad de la policía de ingresar a domicilios particulares en caso de flagrancia.

De igual manera, se incorpora en la Constitución el arraigo exclusivamente para casos donde se investigue el delito de delincuencia organizada por 40 días, con una prórroga de 40 días más si es necesario.

También se elimina la obligación de que las órdenes de cateo sean solicitadas por escrito, ya que bastará que el Ministerio Público le formule la petición al juez y éste responda de manera inmediata.

Las reformas aprobadas permitirán además que las grabaciones telefónicas se acepten como prueba en caso de delito cuando alguno de los implicados las presente.

Se plantea, asimismo, un sistema acusatorio oral para fomentar la transparencia y garantizar una relación entre el juez y las partes para que los procedimientos penales sean más ágiles.

Crea la figura de los "jueces de control", que resolverán de manera inmediata las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que así lo requieran.