miércoles, 27 de febrero de 2008

Resurge la propuesta de defensor fiscal

José Manuel Arteaga/El Universal

Después de tres años de estar estancado, el surgimiento del ombudsman fiscal en México será una realidad en un par de semanas, afirmó Carlos Cárdenas, vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el procurador de la Defensa del Contribuyente podrá ser nombrado por el Senado de la República o la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, entre una terna que someta a su consideración el Presidente de la República.

De la misma manera, queda vigente que el procurador fiscal durará en su encargo cuatro años, con la posibilidad de ser ratificado para un segundo periodo.

“Además, podrá ser destituido y sujeto a responsabilidad por las causas y conforme a las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir”, estableció el máximo tribunal del país.

Por otra parte, la Suprema Corte declaró inconstitucional que sea el Congreso de la Unión el que designe a los seis consejeros independientes de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente.

De acuerdo con Cárdenas, un requisito para ser procurador fiscal es que tenga una experiencia mínima de cinco años en temas fiscales.

“Una procuraduría propicia que haya una relación más equilibrada entre autoridades y contribuyentes, sobre todo beneficiará más a las personas de más bajos recursos que van tener la posibilidad, en caso de discrepancia, de recurrir a la Procuraduría en busca de justicia”, manifestó Carlos Cárdenas.

Añadió que es cuestión de semanas para que el presidente Felipe Calderón presente una terna al Senado de la República, una vez que el periodo ordinario concluye el 31 de abril.

En la Suprema Corte, el pleno de los ministros resolvió invalidar la atribución para que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente presente un informe anual al Congreso sobre el ejercicio de sus funciones, porque la Constitución no ordena dicha situación.


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