Estrictamente Personal
Raymundo Rivapalacio

La tremenda Corte

Basta de aplausos a la Suprema Corte de Justicia, que tiene que empezar a explicar sus arreglos en lo oscurito con los verdaderos poderes de la nación.
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia están viviendo sus 15 minutos de fama. Están eufóricos y rebosantes. Iniciaron su rápida escalada a la cima de la popularidad nacional con una sonora derrota de la llamada ley Televisa, y no han dejado, desde hace tres semanas, de estar judicializando la política.
El asunto de fondo está en las razones ocultas por las cuales han emitido dos fallos paradigmáticos. El de la Ley de Radio y Televisión, en el que interpretaron la ley, y el rechazo de la controversia constitucional impuesta por el IFE contra los partidos políticos, donde el fallo, con criterio antagónico, fue formalista y letrista. La borrachera de felicidad de la Corte por la forma como reposicionaron su imagen esconde esqueletos en el clóset que, cuando terminen de exhibirse todos, la Corte probará de qué está realmente hecha.
La ley Televisa, el detonador de su alegría, tendría que ser en ese contexto el motivo de su vergüenza. Desconocido por muchos, los ministros de la Corte realizaron negociaciones y cometieron traiciones en los prolegómenos de la celebrada resolución. Varios de los ministros que votaron en forma unánime por la ley Televisa ya habían acordado su voto a favor con los cabilderos que enviaron las cadenas de televisión a la Suprema Corte. Uno de ellos se disculpó de votar, José Ramón Cosío, argumentando un conflicto de interés por haber ayudado al ex senador Javier Corral, uno de los principales impugnadores de la Ley, a construir su caso contra esa legislación. Pero no mencionó que Javier Tejedo, abogado de Televisa, que participó en la redacción de la iniciativa y uno de los cabilderos en la Corte, está muy relacionado con él desde que fue uno de sus alumnos distinguidos y cercanos en el ITAM.
Otro ministro, José de Jesús Gudiño, no acudió porque estaba literalmente muriéndose, pero con el resto, se dieron enjuagues que están muy distantes de la imparcialidad que se le adjudica hoy a la Corte.
El fallo iba a ser mayoritariamente a favor de la ley Televisa, pero el miedo les empezó a escalar en el cuerpo, por una reciente propuesta del senador priísta Manlio Fabio Beltrones para crear un tribunal constitucional por encima de la Suprema Corte de Justicia con el propósito de colocarles un contrapeso.
La iniciativa de Beltrones había generado apoyos de los partidos de oposición, que aún se sienten agraviados por el papel que jugó la Corte durante el proceso de desafuero del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, aliada al ex presidente Fox.
Un representante de la Corte se apersonó en Los Pinos para hablar con el presidente Felipe Calderón, de acuerdo con información que ha emanado de la Suprema Corte de Justicia, y expresarle el temor que tenían los ministros. Como respuesta recibió el compromiso presidencial de no apoyar la creación de un tribunal constitucional —si el PAN no respalda esa iniciativa en el Congreso, no alcanzará la mayoría necesaria para convertirse en ley— a cambio de, según la información procedente de la Corte, votar en contra de la ley Televisa. ¿Cuáles eran las motivaciones de Calderón? No se saben. Pero si sólo se analizara lo cosmético de la celebración de la opinión política por el fallo negativo, parecería claro: la celebración es por la derrota de los monopolios, que precisamente es la línea política estratégica del gobierno calderonista.
Es decir, el fallo de la Suprema Corte hizo lo que nadie se imaginaba: unir a todos los enemigos de Calderón en su proyecto de gobierno de largo plazo. Todos los acuerdos con los cabilderos de las cadenas de televisión fueron rotos y los ministros le hicieron el juego a Calderón.
En el fallo de la ley Televisa, los ministros interpretaron la ley. Ello les trajo elogios de todos lados, señalándolos como el gran pilar en la construcción de un nuevo México democrático e invocando a los otros poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, a seguir sus pasos. Una semana después, al resolver una controversia constitucional interpuesta por el IFE para impedir que los recortes presupuestales que les impuso el Congreso dejara intacto el financiamiento de los partidos políticos, la Corte votó seis a cinco contra el IFE, argumentando que de acuerdo con el artículo 105, no tiene la facultad de interponer controversias constitucionales. O sea, de la interpretación de la ley en el fallo sobre radio y televisión, a la aplicación formalista y letrista de la ley. Todo en siete días.
La Suprema Corte no contribuyó con ese fallo al mejoramiento de la vida democrática de México. Por el contrario. Al fallar contra el IFE, lo que avaló fue la permanencia eterna del financiamiento de los partidos, de acuerdo a como están ahora, sin posibilidades de modificarse, puesto que los únicos que ahora podrían cambiar los términos del financiamiento son precisamente los partidos. El órgano democrático que tanto elogió la opinión política por la ley Televisa le dio un puntapié a la democracia al permitir nuevamente el uso casi discrecional de los partidos sobre el dinero de los contribuyentes, que ha probado no sólo ser un dispositivo de control al avance democrático, sino un barril financiero sin fondo a cuenta del bolsillo de los ciudadanos. El fallo contra el IFE no obtuvo mayor resonancia porque la opinión política se siente agraviada por el órgano electoral.
Pero ese fallo también tiene su historia oculta. El voto que modificó el rumbo de la Corte lo emitió la ministra Margarita Luna Ramos, quien había elaborado un dictamen de controversia constitucional que sirvió al IFE de argumentación para presentar la suya, y que había dicho a varios consejeros que no tenían ni qué hablar con ella porque su decisión estaba clara: votaría a favor del IFE. La votación se iba a dar hace exactamente dos lunes, pero se prolongó en una sesión extraordinaria al siguiente. Ella ya no pudo excusarse de votar, que es lo que iba a hacer, y al ser requerida en el pleno lo hizo exactamente en contra de aquel dictamen que escribió y de sus ofrecimientos. La presión que se hizo a ella y a varios ministros fue que después de lo que habían hecho con la ley Televisa, tenían que calmar los ánimos parlamentarios en su contra y, por tanto, entregarles el destino del IFE. Su costo en términos de opinión pública sería menor que el beneficio, en términos de los objetivos de la Corte en el largo plazo: mantenerse como el órgano judicial supremo. Pero el costo de la Suprema Corte como institución es muy alto.
De manera sistemática lo que hicieron los ministros en las tres últimas semanas fue judicializar la política, emitir fallos con criterios enfrentados, decidir políticamente sus posiciones y entregarse a los poderes a los que deberían servir como contrapeso. No hay nada que aplaudirles. Hay que cortar su borrachera y que en la cruda nos empiecen a explicar por qué están hechos los ministros de miedos y compromisos, de traiciones a su investidura y de engaños a los mexicanos. Eso es lo que hay que exigirles.
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