Exigen servicios para casas en zonas marginadas de Veracruz
Andrés T. Morales/La Jornada
Al menos 10 familias pobres provenientes del municipio de Atzalan instalaron un plantón frente al Congreso local para exigir a la ex alcaldesa y actual diputada panista Alba Leonila Méndez Herrera la conclusión de viviendas que fueron financiadas con recursos federales y estatales pero que carecen de servicios básicos, pese a que las entregaron en diciembre pasado.
Los inconformes aseguran que para la construcción de 59 casas en el predio Los Manzanos la entonces alcaldesa recibió fondos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y del Instituto Veracruzano de Fomento al Desarrollo Regional y de la Vivienda (Invivienda), que costearon 80 por ciento de las obras.
Sin embargo, los encargados del proyecto fueron Salomón y Jesús Méndez Herrera, hermanos de la ex alcaldesa, quienes entregaron las viviendas inconclusas a las familias beneficiarias de los créditos, en zonas marginadas.
Las familias, niños y ancianos incluidos, exigen una audiencia con el gobernador Fidel Herrera Beltrán y la presidenta del Congreso local, Carolina Gudiño, para denunciar que fueron timados por la ex alcaldesa y sus hermanos.
Jesús Méndez Herrera, también hermano de la ex munícipe, fue nombrado enlace municipal de la Sedeso, dependencia que aportó la mitad de los recursos para el proyecto. “La Federación y el gobierno estatal dieron 66 mil pesos para cada vivienda, y nosotros pagamos 8 mil 250 pesos, pero de nada sirvió porque las casas son inhabitables”, acusó Jazmín Huerta Castellanos, integrante del Comité de Colonos de Los Manzanos.
Expuso que las construcciones no cuentan con agua potable, energía eléctrica ni drenaje. “Tampoco tienen las adecuaciones para introducir estos servicios y, pese a que se recibió dinero público y nosotros aportamos nuestra parte, nadie quiere responder por esta situación”, señaló.
La ahora diputada panista se ha negado a entrevistarse con los inconformes, por lo que éstos instalaron el plantón para pedir que la coordinación del Congreso local y el mandatario estatal intervengan para investigar y corregir las irregularidades.
Al menos 10 familias pobres provenientes del municipio de Atzalan instalaron un plantón frente al Congreso local para exigir a la ex alcaldesa y actual diputada panista Alba Leonila Méndez Herrera la conclusión de viviendas que fueron financiadas con recursos federales y estatales pero que carecen de servicios básicos, pese a que las entregaron en diciembre pasado.
Los inconformes aseguran que para la construcción de 59 casas en el predio Los Manzanos la entonces alcaldesa recibió fondos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y del Instituto Veracruzano de Fomento al Desarrollo Regional y de la Vivienda (Invivienda), que costearon 80 por ciento de las obras.
Sin embargo, los encargados del proyecto fueron Salomón y Jesús Méndez Herrera, hermanos de la ex alcaldesa, quienes entregaron las viviendas inconclusas a las familias beneficiarias de los créditos, en zonas marginadas.
Las familias, niños y ancianos incluidos, exigen una audiencia con el gobernador Fidel Herrera Beltrán y la presidenta del Congreso local, Carolina Gudiño, para denunciar que fueron timados por la ex alcaldesa y sus hermanos.
Jesús Méndez Herrera, también hermano de la ex munícipe, fue nombrado enlace municipal de la Sedeso, dependencia que aportó la mitad de los recursos para el proyecto. “La Federación y el gobierno estatal dieron 66 mil pesos para cada vivienda, y nosotros pagamos 8 mil 250 pesos, pero de nada sirvió porque las casas son inhabitables”, acusó Jazmín Huerta Castellanos, integrante del Comité de Colonos de Los Manzanos.
Expuso que las construcciones no cuentan con agua potable, energía eléctrica ni drenaje. “Tampoco tienen las adecuaciones para introducir estos servicios y, pese a que se recibió dinero público y nosotros aportamos nuestra parte, nadie quiere responder por esta situación”, señaló.
La ahora diputada panista se ha negado a entrevistarse con los inconformes, por lo que éstos instalaron el plantón para pedir que la coordinación del Congreso local y el mandatario estatal intervengan para investigar y corregir las irregularidades.
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