La reaparición del Ejército Popular Revolucionario enciende un nuevo signo de alerta sobre lo que puede suceder en México si se sigue postergando una reforma política con la participación de todos y si se sigue manteniendo una política económica que excluye a millones
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro
La crisis social está alcanzando aceleradamente a la crisis política y económica que se vive en México. Hoy, el país enfrenta situaciones límite que imponen la necesidad de interpretaciones y análisis rigurosos y duros desafíos a quienes luchan por el respeto de los derechos humanos y por soluciones pacíficas y democráticas a los problemas.
El resurgimiento del Ejército Popular Revolucionario, la serie de acciones violentas que ha realizado y la respuesta que el Estado mexicano ha elegido para enfrentar esta emergencia, coloca al país ante el peligro de una violencia sin control y de una escalada autoritaria que aplastaría los pocos logros democráticos alcanzados por la sociedad en los últimos años.
El contexto en el que estalla la nueva dinámica de violencia debe ser ubicada en una perspectiva histórico-política.
El 28 de junio de 1996, al finalizar la ceremonia por el primer aniversario de la masacre de Aguas Blancas, Guerrero, hicieron acto de presencia en el lugar un centenar de hombres y mujeres jóvenes armados con fusiles AK-47 y vestidos con uniformes verde olivo y pañuelos color café. Se indentificaron como el Ejército Popular Revolucionario (EPR).
La aparición sorpresiva de este contingente armado suscitó diversas reacciones en la sociedad mexicana. La respuesta inmediata del gobierno fue minimizar el hecho, calificando a los rebeldes como un grupo de delincuentes ya identificado y controlable.
De pantomima a terrorismo
La mayoría de las organizaciones sociales y políticas reiteraron su rechazo a la vía armada como medio para resolver los crecientes problemas políticos y económicos que vive el estado de Guerrero, y alertaron sobre el peligro de un incremento de la violencia y de la violación a los derechos humanos.
El gobernador de Guerrero, Angel Heladio Aguirre, se apresuró a asegurar que el estado se encontraba tranquilo, pues los partes militares informaban estar "sin novedad".
Muy pronto, las acciones políticas y militares del EPR crecieron en intensidad y modificaron el discurso gubernamental: de calificarlos como una "pantomima" (secretario de Gobernación) se convirtieron en grupo "terrorista" contra el que habría que usar toda la fuerza del Estado (Presidente Zedillo en su Segundo Informe de Gobierno).
En medio de declaraciones contradictorias y erráticas, el gobierno pasó del desdén al reconocimiento de que se trata de un asunto preocupante y que atañe a la seguridad nacional.
¿Realidad o teatro?
¿Fuerzas oscuras en pos de la desestabilización? Es posible que la aparición del EPR en la vida nacional esté siendo usada y alentada política y logísticamente por quienes apuestan a la salida autoritaria y la mano dura en la actual transición mexicana.
¿Una teatral puesta en escena para justificar la represión? Es un hecho que, sea o no un montaje, el surgimiento del EPR ha dado lugar a la persecución de organizaciones sociales de corte rural e indígena y a una mayor presencia de militares y de fuerza pública en las regiones marginadas. ¿Radicalismo guerrillero caduco e inoperante? Quizá.
Los planteamientos en la palestra y las acciones violentas del nuevo grupo armado han suscitado más bien las suspicacias y el rechazo de diversos sectores de la sociedad civil y política.
Sin embargo, en medio de todas las sospechas y caracterizaciones que se hacen, hay algo que no se debe perder de vista: las causas y las circunstancias económicas, políticas y sociales que dan origen y sustento ideológico al EPR han sido sembradas en años de injusticia económica y de abuso y cerrazón autoritaria del poder.
Es ésta la verdadera raíz del problema.
Haciendo justicia
Citemos algunos casos de esta "justicia popular".
Cansados de que la policía no haya podido contrarrestar la ola de asaltos, unos 500 campesinos irrumpieron con violencia en la cárcel municipal de Belisario Domínguez, municipio de Motozintla, Chiapas, para sacar a tres presuntos ladrones, atarlos a un poste de luz eléctrica, rociarlos con gasolina y quemarlos vivos.
El hecho ocurrió un día después de que decenas de habitantes de la localidad de Tatahuicapán, Veracruz, lincharan a un sujeto de la vecina población oaxaqueña de Paso de Aguila, a quien colgaron e incineraron por haber estrangulado a su esposa.
En San Nicolás de los Ranchos, Puebla, pobladores de cuatro comunidades asentadas en las faldas del volcán Popocatépetl intentaron quemar vivas a dos personas que asaltaron un negocio y a dos supuestos abogados que se presentaron con la intención de interceder por ellos.
Pobladores del municipio de Aztla de Terrazas, en San Luis Potosí, retuvieron a tres agentes de la Policía Judicial del estado durante 20 horas, en respuesta al encarcelamiento de su dirigente, detenido como presunto responsable de despojo de tierras, a pesar de que ese proceso había concluído hace diez años con su exoneración.
No hay legitimidad
Así, a la insurrección electoral de 1988 se respondió con un gran fraude y ulteriormente, con la instrumentación de fraudes selectivos cada vez más sofisticados y con represión cruenta contra los militantes de la nueva fuerza política emergente: el Partido de la Revolución Democrática.
El fracaso del modelo económico y la descomposición del sistema político, aterrizan ahora en una profunda crisis de legitimidad en la que, ante tantos incumplimientos, la mentira ya no funciona y va dejando de hacer mella en la sociedad.
No hay poder que se sostenga sin legitimidad y, ante la crisis actual, el régimen se ve tentado al autoritarismo. Resulta preocupante la respuesta al actual problema de la extrema pobreza, de la inconformidad y del reclamo democrático sea, en lo fundamental, una respuesta policial y militar.
Caracterizando equivocadamente al EPR como un grupo "terrorista" y "sin base social" -para distinguirlo artificiosamente del EZLN-, las autoridades han decidido acelerar el proceso de militarización que venía dándose paulatinamente en todo el país.
Existe ahora una doble geografía de la militarización: la que responde línea por línea a las entidades con mayor grado de marginación y la que afecta a los estados de la Federación (más de 20) en donde las instancias de seguridad pública están dirigidas por militares.
A raíz del surgimiento del EPR, se han multiplicado los retenes militares en diversos puntos de las carreteras y en los caminos rurales.
La Secretaría de la Defensa Nacional trasladó desde el centro del país a las zonas militares de Oaxaca, Guerrero y la huasteca hidalguense un gran refuerzo, integrado por paracaidistas, policía militar, carros blindados y armas modernas.
¿Una conspiración?
Entre las acciones "antiguerrilla" anunciadas por las fuerzas armadas para combatir al EPR en el estado de Guerrero, se incluye una solicitud al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) para que entregue los censos de población de 1990 para levantar con ellos un registro propio de los posibles integrantes de ese movimiento armado, tal como se hizo cuando estalló el conflicto de Chiapas.
El censo será levantado a través de un intenso programa de labor social que permita a los miembros del Ejército llegar a las comunidades en las que se presume hay influencia del nuevo grupo rebelde.
Entre otras tareas inmediatas que ya se desarrollan, se trata de "peinar" las comunidades de la sierra guerrerense para obtener información. De las aprehensiones realizadas inicialmente, en cuatro casos los detenidos han alegado que las confesiones de pertenencia al grupo armado les fueron arrancadas a base de torturas.
Algunos de los detenidos en el estado de Tabasco, acusados de participar en actos violentos del EPR, resultaron ser miembros de grupos de choque del PRI. Esto último reforzó en la opinión pública la tesis de que tras la aparición de esta "guerrilla" lo que hay en realidad es una conspiración al interior de los grupos en el poder.
Operativos militares
Al día siguiente de conocerse la entrevista que dieran miembros del EPR en el Distrito Federal, la prensa informó de operativos que realizan agentes de seguridad nacional con el fin de detectar "casas de seguridad" y miembros del EPR en la Ciudad de México.
El 30 de agosto, el Grupo Especial de Reacción e Intervención de la PGJ del Distrito Federal y otras corporaciones no identificadas ubicaron una presunta "casa de seguridad" y realizaron un espectacular operativo para ocuparla.
Más de 300 soldados del Ejército, unos 100 judiciales estatales agentes de la Policía Judicial Federal, Preventiva y Federal de Caminos, tendieron un cerco a presuntos miembros del EPR en las cañadas de la comunidad de Huiteco, Guerrero, luego de varios enfrentamientos y sofisticada persecución.
Algunas versiones hablaron de ocho guerrilleros heridos, a quienes el Ejército atacó también por aire con helicópteros artillados equipados hasta con mira de rayos infrarrojos.
¿Qué respuesta al EPR?
La respuesta al reclamo que hacen los armados no puede ser una nueva edición de la "guerra sucia". Debe ser una apertura real y definitiva de la vida política mexicana. Hay signos de autoritarismo que asoman cada vez con más fuerza en la realidad nacional.
Detrás de un significativo número de sucesos represivos y de violaciones a los derechos humanos en México, la sociedad ve con preocupación que opera una estrategia de contención social y de "guerra sucia" contra disidentes políticos y dirigentes sociales, dirigida por entes ubicados en la sombra de la vida pública del país, incrustados en las instituciones del Estado y, aparentemente, fuera de su control, que pasan por encima de los derechos humanos y de las aspiraciones democráticas de la sociedad.
Esta estrategia incorpora planteamientos que llegan incluso a determinar el marco de garantías constitucionales de los mexicanos.
El sistema político mexicano debe encontrar su mejor defensa ante cualquier insurgencia, no en la respuesta militar y en la violencia de Estado, sino en la legitimidad de una apertura democrática y del respeto irrestricto de los derechos humanos.
La aparición del Ejército Popular Revolucionario enciende un nuevo signo de alerta sobre lo que puede suceder en nuestro país de seguirse postergando la urgente reforma política a nivel nacional, con la participación de todos los actores e intereses, yendo más allá de los partidos políticos.
Violencia: diez causas
La creciente situación de violencia en varias regiones del país tiene su origen, entre otras causas, en estos diez factores:
1. La pobreza extrema y el abandono de las comunidades indígenas y campesinas, que se han visto obligadas a emigrar temporal o permanentemente a Estados Unidos o a otros estados del país.Según datos del INEGI, los estados con mayor grado de marginación en el país son, según el porcentaje de la población con ingresos menores al salario mínimo: Chiapas: 58.9%, Guerrero: 37.9%, Hidalgo: 39.3%, Oaxaca: 53.0%, Puebla: 38.5% y Veracruz: 36.4%.
Al presentar el Plan Estatal de Desarrollo, el gobernador del estado de Guerrero reconoció la grave situación que vive ese estado: 15 de cada 100 niños en edad escolar no asisten a la escuela primaria. Más de la cuarta parte de la población mayor de 15 años es analfabeta. La mitad de la población carece de servicio de agua potable.
Dos terceras partes no disponen de drenaje sanitario. 3 mil 604 comunidades no cuentan con energía eléctrica. El 28.6% de los habitantes carece de vías de comunicación Más de la tercera parte de la población del estado enfrenta problemas de nutrición. La agricultura es temporal pese a disponer de agua en abundancia.
2. La inseguridad pública y el predominio de la ley del más fuerte ante la ausencia de un estado de derecho y de instituciones que hagan respetar el derecho a la seguridad de la ciudadanía.
3. La prolongada demora e ineficacia para atender por vías institucionales los conflictos agrarios.
4. La inoperancia de las instituciones de procuración e impartición de justicia que, por temor, connivencia o negligencia, han favorecido la impunidad de las autoridades, desde los más altos ni- veles del gobierno hasta las policías municipales.
A esto se suma la carencia crónica de la impartición de justicia para dirimir pacíficamente y con apego a la ley los conflictos entre particulares.
5. La corrupción, que ha llegado a penetrar los más altos niveles del gobierno y deteriorado gravemente las instituciones sociales y políticas del estado. La administración de justicia se vende y se compra con alarmante impunidad.
6. El intenso tráfico clandestino de armas, mercancías y drogas, que ha sido denunciado por los medios de comunicación y es un secreto a voces en estados como el de Guerrero.
El narcotráfico, el tráfico de influencias, el lavado de dinero, son prácticas, que muchas veces vinculadas a la industria turística y de la construcción, han crecido y se han fortalecido ante la irresponsable pasividad del gobierno federal y de gobiernos estatales que se han negado sistemáticamente a reconocer en ello un grave problema que atenta contra la seguridad y la estabilidad de la nación.
Respuestas erráticas
7. Las erráticas respuestas gubernamentales para enfrentar los conflictos sociales y políticos, muchas veces pasando por encima de la ley: desalojos violentos, operativos militares y policiales, detenciones arbitrarias, cateos y saqueos de domicilios y comunidades, retenes en carreteras, homicidios, etc.
8. La reciente habilitación en comunidades serranas de las "guardias blancas" de los caciques, de funcionarios municipales y policías, que han abusado de su investidura como autoridades para ejecutar ajustes de cuentas mediante la violencia contra sus rivales políticos o económicos.
9. La tradicional existencia de núcleos de población en el estado de Guerrero proclives a la lucha armada. Estos han encontrado hoy en el descontento de la población y en el grave deterioro de las condiciones de sobrevivencia las circunstancias propicias para justificar la necesidad de resolver los conflictos por métodos violentos.
10. El permanente ataque del gobierno a las organizaciones que representan alternativas pacíficas y políticas -como el PRD- para organizar el descontento de la población por las vías institucionales.
Violencia del Gabinete
En el fondo, lo que falló fue su diagnóstico de la crisis nacional. El principal culpable de la violencia que existe hoy en México no es el EPR, sino el gabinete económico.
No es la maldad de algunos cientos de personas lo que ha puesto en cuestión la gobernabilidad del país, sino la terquedad inaudita del gobierno en la aplicación de fórmulas económicas que han desposeído a la mayoría de mexicanos y los han sumido en la miseria, el desempleo y la desesperación, mientras se favorece a un puñado de poderosos desnacionalizados.
No es la manifestación armada de ciertos grupos lo que atenta contra la democracia, sino la falta de canales transparentes y eficaces de expresión política de la ciudadanía, cuyas organizaciones legales han sido siempre golpeadas y su voluntad trastocada, tanto por la represión como por la falta de elecciones limpias.
No es sólo el ataque contra guarniciones policiales y militares lo que indigna al pueblo de México. Lo indigna más la impunidad feroz de que gozan los asesinos y corruptos que se esconden tras el poder.
Por esto, no basta emplear toda la fuerza del Estado en contra del EPR, ni siquiera eso es lo fundamental. Es preciso, desactivar las causas que le han dado origen y sustento ideológico.
La respuesta violenta del Estado frente a la violencia guerrillera sólo puede dar un aliento estúpido a una espiral violenta de la que México no podrá salir nunca.
La violencia del EPR no tiene futuro y, por esto, es injusta y cruel. Pero igualmente merece condena la violencia del sistema, la de los acomodados, la de los satisfechos.
Una Constituyente
La militarización que impera hoy en México desnaturaliza el papel del Ejército Mexicano, viola el Artículo 129 de la Constitución y vulnera libertades democráticas de los mexicanos.
Es preocupante la sospecha de que el EPR sea el pretexto que las corrientes autoritarias del régimen han encontrado para cortar el camino a la ansiada democracia.
Hay que encontrar una salida política atractiva para todos los grupos e intereses que coexisten en México y realizar un proceso de diálogo nacional amplio que pueda culminar en una nueva Constituyente.
Y en ella deben tener cabida los excluidos de hoy y debe diseñarse un proyecto de país incluyente y generoso, donde quepan todos los mexicanos y todas las mexicanas.
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