Ocultan amenazas contra Calderón

Algunos aspectos relacionados con la vida del presidente Felipe Calderón Hinojosa, como su estado de salud, las amenazas de muerte que ha recibido por parte del crimen organizado o su coeficiente intelectual no pueden ser conocidos por ahora.

Aun cuando la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental permite que algunos aspectos de la vida de los mandatarios del país puedan ser conocidos —como sus viajes, comidas, vestimentas u obsequios—, otros, según la misma ley, se declaran reservados.

Algunas de estas peticiones esperan el fallo final del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), que determinará si hicieron bien o no en Los Pinos en dar dichas respuestas.

En el caso de las amenazas de muerte, que en marzo de 2007 Calderón reveló que había recibido, se pidieron copias de las cartas o escritos que se habían recibido, en especial contra él o su familia.

Aunque se solicitaba que se omitieran datos personales del jefe del Ejecutivo, Presidencia se opuso a entregar los datos.

Respondió que con fundamento en la ley, “toda la información referente a la seguridad del Presidente no es posible proporcionarla por ser de carácter reservado”.

Sin embargo, en otra solicitud igual, elaborada por otro ciudadano, la Unidad de Enlace de Presidencia dijo que dichos datos estarán reservados durante 12 años.

Respecto a la salud del mandatario, ésta no ha sido aún de interés nacional como lo fue la del ex presidente Vicente Fox, cuando lo operaron de la columna vertebral.

En el caso de Fox se pidió dar detalles de su salud y el IFAI determinó cerrar el caso.

Este diario también requirió información sobre el coeficiente intelectual de Calderón, pero en Los Pinos se argumentó que no tienen esos datos.

En torno a la solicitud de los planos de Los Pinos, la respuesta fue que no pueden ser proporcionados porque podría ponerse en riesgo al mandatario y al personal que labora en ese lugar.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Federal de Acceso a la Información y los “otros sujetos obligados” presentaron un manual en el que se propone sancionar hasta con su destitución a funcionarios que bloqueen la divulgación de información pública.