SFP ha sancionado a 5 mil funcionarios en lo que va de 2007

La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha sancionado durante 2007 a más de cinco mil servidores públicos, de los cuales unos mil fueron inhabilitados, señaló el titular de la dependencia, Salvador Vega Casillas.

El funcionario informó que se tiene un promedio de 87 servidores públicos inhabilitados cada mes, y cada 30 días "concluimos más de 200 auditorías y hasta este momento llevamos casi dos mil 700".

En entrevista, indicó que han sido sancionadas 541 empresas, lo cual demuestra que "no solamente les estamos exigiendo a los funcionarios públicos que sean honestos, sino también a los empresarios".

Expuso que en la administración actual hay una lucha constante y frontal contra la corrupción, "pero también está convencida de que la solución no sólo está en el castigo ejemplar, sino está en evitar, principalmente, las oportunidades de corrupción".

Explicó que la principal labor es prevenir ese tipo de conductas y se puede lograr con la intervención de los testigos sociales, que hasta el momento han dado muy buenos resultados.
Muchas veces, precisó, la ineficiencia o la ineficacia sale más cara que la propia corrupción. No solamente la corrupción cuesta cara, sino también la ineficiencia y la ineficacia y en eso también se trabaja, detalló.

En el caso de las empresas que caen en un acto de corrupción, de ineficiencia, causan algún daño o violan la normatividad se aplican también sanciones, prueba de ello es que han sido castigadas sin miramiento 541, algunas de ellas grandes y poderosas.

Agregó que el objetivo de la SFP no es estar buscando todos los casos de corrupción. "Mientras no podamos nosotros controlar el origen de este problema, vamos a seguir con este procedimiento, con este círculo perverso que tenemos".

Por lo tanto, añadió, se debe ir al fondo: por un lado aplicar sanciones ejemplares, y por el otro buscar que no haya oportunidades de corrupción.

Vega Casillas recordó que la dependencia a su cargo ha dado vista a la Procuraduría General de la República (PGR), al Ministerio Público, de casos en los que se considera que puede existir alguna presunta responsabilidad legal.