Bitácora Republicana

Porfirio Muñoz Ledo

Fusiones y confusiones

No son nuevas las coincidencias entre parlamentarismos de fachada e intereses mediáticos. Lo que parece inexplicable es que los mismos comunicadores que salieron a la palestra en defensa del derecho sagrado de vender publicidad política ahora elogien las reformas legales correspondientes a los cambios constitucionales que denostaron y en el camino ensalcen a sus autores.
La bolita oculta puede encontrarse entre los pliegues de la confección de la nueva Ley de Radio, Televisión y Telecomunicaciones. Mientras los promotores de una genuina reforma del Estado, entre ellos la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, sostenemos que debiera emprenderse una modificación constitucional de gran calado, en el grupo plural responsable del tema en el Senado el debate se halla confinado a la legislación ordinaria.
Algunos hablan entre bambalinas de una “reforma compensatoria” destinada a resarcir sin aspavientos a los monopolios televisivos y sólo a corregir las disposiciones de la ley Televisa objetadas por la Corte. Nosotros en cambio pensamos que es llegada la hora de desconcentrar la acumulación indebida de concesiones, regular los contenidos conforme a principios y valores democráticos y crear un órgano constitucional autónomo que quiebre el contubernio ancestral entre el Ejecutivo y los medios.
Para que haya guisado de pato se necesita un pato y para que exista una reforma del Estado se necesita Estado. En las Naciones Unidas se habla de estados insuficientes y en el extremo de estados fallidos, como resultado último de los estragos del ciclo neoliberal e incluso los ideólogos del Banco Mundial aconsejan la reconstrucción de la autoridad pública y su jurisdicción efectiva sobre los poderes fácticos. En México, la condición misma de ese renacimiento es la democratización de los medios de comunicación.
También es cierto que una transformación constitucional de envergadura y un ajuste profundo del modelo económico exigen una nueva correlación de fuerzas políticas. Ese es hoy el corazón del debate latinoamericano: el empeño de algunas izquierdas por introducir auténticas reformas estructurales y el de casi todas por establecer alianzas capaces de conquistar el poder, ejercerlo y reproducirlo en congruencia.
Debe preocuparnos por ello la insólita fragmentación del voto parlamentario de la izquierda, que parece revelar tanto ambiciones de corto plazo como divergencias mayores de estrategia. A poco más de un año de haber sufrido el despojo de la Presidencia de la República y de haber conformado un Frente Amplio, un movimiento social de resistencia y un gobierno legítimo, el bando progresista exhibe hondas fracturas que ostensiblemente favorecen al adversario.
Más allá de las sospechas propias de todo encono, es evidente que desde Los Pinos se teje una urdimbre de acuerdos políticos —en el añejo estilo de toma y daca— que, bajo el disfraz de una nonata reforma del Estado, prepara el advenimiento de un bipartidismo conservador y diseña para sus opositores ideológicos la función contradictoria de tribunos de plaza pública, gobernantes domesticados, sindicatos silenciosos y ensoberbecidos moradores de espacios curulescos.
En esa perspectiva, el falso debate sobre las fusiones partidarias se inscribe en la antología del surrealismo mexicano. Ha sido más bien, temo que deliberadamente, fuente de confusiones. Mientras la acepción aplicable de “fundir” sería la de “unión de intereses, ideas o partidos” puede también emplearse como sinónimo de “hundir”. En todo caso, “confundir” significa “mezclar cosas diversas, de manera que no puedan distinguirse” o bien “desordenar los ánimos”.
Resulta extraño que, a despecho de su plataforma, sus propuestas formales y compromisos públicos con sus aliados, un partido o fracción significativa de éste promueva reformas disolventes de la coalición a la que pertenece. Que se desdiga más tarde de su acción en documento público destinado al cesto de la basura y que termine apoyando ferozmente el texto que ha pactado con los partidos que se supone son sus adversarios políticos.
Comentaba un humorista que la iniciativa de cancelar las coaliciones electorales, seguida del ofrecimiento de fundir varios partidos en uno solo, equivale a una propuesta de matrimonio a la antigüita, en reemplazo de un noviazgo moderno. Tal vez estimule a sus autores la saga posterior al fraude de 1988, que adelgazó el enorme vuelco popular de entonces hasta hacerlo pasar por el ojo de aguja de los escaños parlamentarios.
Como quedó probado a lo largo de 18 años, un partido unificado no es garantía suficiente para mantener el ímpetu del movimiento social ni para alcanzar frutos electorales satisfactorios. Tiende en cambio a coagular vocaciones copulares y aspiraciones escalafonarias. La izquierda que requerimos demanda liderazgos transparentes, fundados en la consistencia de la ética política. Exige alianzas abiertas, cívicas, gremiales y partidarias, gobernantes eficaces e independientes y parlamentarios incorruptibles.
El reconocimiento del gobierno de Calderón no es asunto de protocolo ni de vinculación administrativa. Es una actitud sustantiva: se puede desconocerlo en el discurso y servirlo en los hechos. Amenazarlo airadamente desde la tribuna pero permitir solapadamente su entrada en funciones. Denunciar al bloque de derecha que ejerce los poderes reales pero contribuir a su consolidación a cambio de perpetuidades políticas marginales.
Construir un proyecto alternativo de nación y concretarlo en la historia es tarea de gran aliento. Hacerlo pacíficamente se antoja una proeza a la altura de la necesidad. El año próximo celebraremos el bicentenario de la acción precursora de Primo de Verdad y el centenario del llamado de Francisco I. Madero a un cambio civilizado. Lo que ocurrió dos años después resuena todavía en las entrañas del país.
Decía hace poco Alain Tourraine que México se ha visto históricamente incapaz de llevar a feliz término sus revoluciones sociales y también incompetente para establecer una democracia social. De ahí nuestras insondables desigualdades y de ahí la inmensa deuda que nuestra clase dirigente tendrá que pagar algún día.